Escrito por Tamara Samudio
El Área Metropolitana enfrenta una crisis hídrica sin precedentes debido a la escasez de lluvias y la continua reducción de las reservas de agua que abastecen a los hogares de la región. Ante esta situación crítica, el gobierno ha decretado recientemente el estado de emergencia hídrica para esta zona del país.
De acuerdo con los resultados de nuestra Encuesta Relámpago realizada en abril, se observa que el 39% de la población encuestada consideró la falta de lluvias como la principal razón detrás de la crisis hídrica. Además, un 22,8% de los encuestados mencionó las malas prácticas y el uso inadecuado de los recursos por parte de algunas industrias o empresas, mientras que un 11,3% responsabilizó a la mala gestión de OSE. El 11,1% de los encuestados atribuyó la situación al cambio climático.
En respuesta a la emergencia hídrica, el gobierno ha anunciado medidas con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua para la población. Sin embargo, estas medidas podrían resultar en una desmejoría en la calidad del agua suministrada.
La Encuesta Relámpago realizada en mayo reveló que el 3,2% de las personas encuestadas residentes en Montevideo y el Área Metropolitana no habían implementado ninguna medida frente al aumento en la salinidad del agua. Por otro lado, el 39,7% de los encuestados optó por comprar agua embotellada para el consumo familiar, mientras que el 30,2% obtuvo agua embotellada para cocinar o preparar infusiones. Asimismo, el 18,5% redujo el agua embotellada para el consumo animal, y el 3,9% para la higiene personal.
Ante este panorama, el gobierno ha decretado la exoneración de impuestos para el agua embotellada. Sin embargo, nuestra encuesta Relámpago de abril reveló que el 53% de las personas encuestadas indicaron que sus ingresos no eran suficientes para adquirir agua embotellada para el consumo personal de todos los miembros del hogar.
Es importante destacar que estos anuncios y medidas adoptadas por el gobierno buscan mitigar los efectos de la crisis hídrica y garantizar el suministro de agua a la población. Sin embargo, es fundamental evaluar los posibles efectos a largo plazo de estas decisiones.
En cuanto a las consecuencias políticas de esta crisis, es posible que se generen tensiones y debates en torno a la gestión del agua y las responsabilidades del gobierno, especialmente en relación con la mala gestión de los recursos hídricos y las medidas adoptadas para abordar la situación . Asimismo, podrían surgir demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.